Muy a su pesar, Gabriel Pérez Castellanos, vallisoletano de 23 años, se ha convertido en protagonista de los medios de comunicación por ser ciego. Concretamente, por ser el primer licenciado en Derecho que recibe la autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder presentarse a unas oposiciones e intentar superar las pruebas de ingreso en la judicatura.

 

Su mayor “impedimento” era la ceguera. En principio, el propio CGPJ le negó el permiso a este joven sencillamente por ser ciego. La renovación del Consejo del Poder Judicial abrió una puerta y permitió que el informe del vocal Juan Manuel Fernández les convenciera.

 

Para empezar, hay una norma de obligado cumplimiento: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, ratificada por España. No es un asunto menor puesto que muchas veces esta Convención se convierta en papel mojado en la realidad, como en la discriminación en el empleo.

 

La propia Constitución española de 1978 menciona en su artículo 49 a los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y dice que la ley “les amparará para el disfrute de sus derechos”. La propia eliminación de la palabra “disminuido” debería servir para modificar la Constitución y sustituirla por la de persona con discapacidad, como recoge la Convención de la ONU.

 

El artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial también dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%. 

 

Había que determinar la relación del ejercicio de esta profesión con la discapacidad y el informe de Juan Manuel Fernández (presidente del Foro Justicia y Discapacidad) sostiene que son excepcionales los medios de prueba “que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible” y agrega que existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.

 

La vista no es un sentido imprescindible en las audiencias a testigos y partes, mientras que las leyes procesales conceden importancia a elementos comprensibles a través del oído, como la evasión en las respuestas, los titubeos o las vacilaciones. 

 

Es cierto que algunas fuentes de prueba sólo son apreciables a través de la vista –como el reconocimiento de un terreno - pero no es un motivo suficiente para denegar de forma tajante a los ciegos el acceso a la carrera judicial, ya que hay figuras como la del secretario judicial o el ayudante.

 

Una vez superados estos obstáculos, viene la realidad de cualquier buen estudiante: aprobar la oposición. Gabriel sería el primer juez ciego de España. Su historia, en cualquier caso, es un ejemplo de superación. Aprobó Derecho sin repetir ningún curso y con una nota media de 7,9. Ahora, antes de alcanzar la meta de ser juez, deberá pasar por un duro proceso de preparación que requiere varios años de esfuerzo y dedicación. Si aprueba, deberá desempeñar sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades.

 

Gabriel Pérez  está  "muy satisfecho" porque el CGPJ dio luz verde a su sueño y "reconoce que mi planteamiento es justo". "Más vale tarde que nunca", supone un importante avance, ya que "no sólo me abre las puertas a mí para poder acceder a la judicatura, sino a todas las personas con discapacidad visual que en el futuro quieran plantearse este objetivo".

 

Como dice, Miguel Carballeda, presidente de la Once y su Fundación, el CGPJ “ha dado un gran paso, ha acertado plenamente”, los países y los ciudadanos progresan cuando ponen “en valor las capacidades de las personas”.